37 e. Impulso de la Prevención de Riesgos Laborales en la negociación colectiva. La negociación colectiva es el instrumento esencial en las relaciones laborales, las cuales pueden tener una incidencia muy positiva en la eficacia de la prevención. Un más amplio conocimiento por parte de los agentes económicos y sociales de la normativa y otros aspectos relevantes permitirá fortalecer los papeles que juegan cada uno de ellos y promover su interés, de cara a que la prevención de riesgos laborales pueda llegar a convertirse en un tema de carácter prioritario dentro de la negociación colectiva, teniendo como referencia los Acuerdos vigentes en esta materia. 5. M ejorar la eficiencia de las instituciones y entidades dedicadas a la PRL. El artículo 40.2 de la Constitución Española encomienda a los poderes públicos, como uno de los principios rectores de la política económica y social, velar por la seguridad e higiene en el trabajo, reconociendo en el art. 43.1 el derecho a la protección de la salud y atribuyendo en el número 2 de dicho precepto constitucional a los poderes públicos la competencia de organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. Estos mandatos constitucionales conllevan la necesidad de desarrollar una política de protección y promoción de la salud de las personas trabajadoras mediante la Prevención de los Riesgos Laborales, entendida ésta desde un concepto integral que incluya la seguridad y salud en el trabajo, la prevención de riesgos laborales, y los daños derivados del trabajo. El Estatuto de los Trabajadores establece que los trabajadores tienen derecho a su integridad física, así como a una protección y política adecuada y eficaz en materia de seguridad e higiene en el trabajo. Desarrollo de este marco legal, de la normativa de la Unión Europea, fundamentalmente la Directiva 89/391/CEE, y de los Convenios 155 y 161 de la OIT, es la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales que reconoce este derecho con amparo constitucional, y establece el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, y ello como parte fundamental de una política coherente, coordinada y eficaz de prevención de los riesgos laborales. Los organismos de las Administraciones Públicas con competencia en seguridad y salud en el trabajo, entre ellos el Instituto Cántabro
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